Mientras Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, cumple una condena de 30 años por 46 homicidios, sigue dirigiendo los hilos de ‘la Inmaculada’, una de las organizaciones que lideran el crimen, la extorsión y los homicidios en el norte del Valle del Cauca. Esta estructura quedó al descubierto por sus nexos con carteles mexicanos para enviar droga a Estados Unidos, según dijo la Corte Suprema al avalar la extradición del cabecilla.En medio de esta decisión, está el pedido de ‘Pipe Tuluá’ para ser gestor de paz, el cual se convirtió en una ‘papa caliente’ para el Gobierno ante la solicitud de la justicia estadounidense, que quedó en manos del presidente Gustavo Petro.Marín permanece en la estación policial de Los Mártires bajo un estricto sistema de seguridad, luego de que las autoridades consideraron que el Inpec no ofrecía garantías suficientes para mantenerlo en La Picota, teniendo en cuenta su papel como líder de la banda que delinque en Tuluá y otros municipios.Traslado de alias Pipe Tuluá. Foto:Policía NacionalEn el expediente estadounidense contra Marín, se le atribuyen nexos con tres carteles mexicanos y colombianos (La Línea, Sinaloa y la oficina de Envigado) para enviar droga hacia suelo norteamericano.En diálogo con EL TIEMPO, la abogada de Marín, Angélica Martínez, sostuvo que la petición que le hizo al alto tribunal para que su defendido sea gestor de paz se da para frenar su extradición. “Está siendo parte de una mesa de paz o proceso de justicia transicional, vulnera claramente los derechos de las víctimas de la organización ‘la Inmaculada’, la cual es liderada por nuestro representado”, señaló.La defensa insiste en que el Gobierno ha mantenido diálogos preliminares con ‘Pipe Tuluá’. Foto:CEETPero el magistrado ponente del caso, Gerson Chaverra, fue claro al señalar que si bien Marín participa en conversaciones de paz, eso no lo hace inmune a la extradición. “Se trata de decisiones con carácter administrativo, por cuya razón la Corte no queda vinculada a ellas al emitir el concepto, pues no confieren inmunidad judicial ni constituyen excepción adicional al régimen de entrega”, se lee en la decisión de 45 páginas.Aun así, la defensa insiste en que el Gobierno ha mantenido diálogos preliminares con ‘Pipe Tuluá’. “Él ofreció entregar unos menores de edad que hacen parte de ‘la Inmaculada’. También ofreció hacer desarmes carcelarios con la otra organización de la cual es parte, Mago (Muerte a Guardianes del Inpec). Se han hecho varias propuestas hasta de reparación y de proyectos productivos, pero no hemos tenido el aval del Gobierno”, dijo Martínez.Alias Pipe Tuluá. Foto:Archivo ParticularDesde la Consejería de Paz se reconoce que hubo encuentros con ‘Pipe Tuluá’, aunque no prosperaron. Uno de esos acercamientos ocurrió el 10 de julio de este año cuando ‘Pipe Tuluá’ dijo dónde estaba el arma en el patio de extraditables de La Picota con la que se iba a atentar contra alias Araña, comandante de los Comandos de la Frontera.En la diligencia participó la senadora Isabel Zuleta, quien acompañó la entrega del arma: “Este es un gesto de paz en el marco de las competencias que tenemos desde la Consejería Presidencial”, dijo entonces. La entrega se validó como gesto de paz el 10 de julio, luego de una reunión la noche anterior en la Casa Presidencial, encabezada por el exministro Eduardo Montealegre.Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico Foto:Redes socialesEn paralelo, el Gobierno recuerda que en esta administración se han extraditado más de 450 personas por narcotráfico y solo cuatro procesos han sido suspendidos por tratarse de gestores de paz. En septiembre, el alto comisionado Otty Patiño dijo a este diario que el Gobierno no aprueba automáticamente las extradiciones, aunque es la administración que más ha firmado. Recordó que tres personas han sido exceptuadas por compromisos de paz: Gabriel Yepes, alias HH; Willinton Henao, alias Mocho Olmedo; y que aún falta definir el caso de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, pese a que la Corte ya autorizó su entrega.En medio de ese debate, la defensa insiste en que la participación de Marín en una mesa de paz sería compatible con sus obligaciones judiciales y necesaria para garantizar verdad. La decisión final sigue sobre el escritorio del presidente Petro.Redacción Justicia – @JusticiaET – justicia@eltiempo.com