Los bombardeos registrados esta semana en Guaviare y Arauca se realizaron con información de inteligencia trabajada en conjunto con diferentes agencias de Estados Unidos; sin embargo, hoy existe incertidumbre acerca del intercambio de esos datos —utilizados principalmente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado— debido a la suspensión de subsidios anunciada por el gobierno de Donald Trump y a las condiciones fijadas por el presidente Gustavo Petro.El anuncio de la Casa Blanca podría generar impactos directos sobre agencias estadounidenses como el FBI, la DEA, HSI-ICE y U. S. Marshals, así como sobre la Polfa, la Dipro, la Policía Judicial de Migración, la Unidad de Lavado de Activos y grupos especiales del CTI a nivel nacional, que podrían ver reducidos los apoyos logísticos y financieros con los que cooperan actualmente.El presidente Gustavo Petro, quien condicionó cualquier intercambio de información a que involucre acciones armadas, señaló que “si las comunicaciones de inteligencia solo sirven para matar lancheros con misiles es no solo irracional, sino un delito de lesa humanidad”, y agregó que “toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos… será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinadas por nuestro apoyo”.Las palabras del jefe de Estado fueron respaldadas por su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien destacó la importancia de conservar los canales de cooperación vigentes. “Contra el crimen transnacional, la respuesta es la cooperación internacional”, afirmó, y precisó que se mantiene “un flujo continuo de información con las agencias internacionales para combatir el narcotráfico”.El presidente Gustavo Petro. Foto:PresidenciaInteligencia debilitadaExpertos consultados por EL TIEMPO sostienen que los anuncios coinciden con un momento de fuerte tensión política entre Bogotá y Washington. “Esta combinación de recortes externos y nuevas exigencias internas llega en un punto crítico para un sistema de inteligencia que ya venía debilitado desde hace años”, señaló Margarita Garbiras, docente de Ciencias Políticas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.Lo anterior muestra un escenario complejo para la cooperación en inteligencia entre Colombia y Estados Unidos. Una fuente de alto nivel comentó a este medio que los movimientos militares en la región podrían depender de información precisa obtenida en terreno. “Si Estados Unidos piensa continuar con estas acciones militares o complementarlas con acciones militares focalizadas en terreno, se requeriría información formal de inteligencia para evitar errores operacionales”, aseguró, y advirtió que la falta de intercambio podría generar operaciones “ciegas”.“Si no cuentan con esa información, podrían terminar bombardeando un sitio donde haya una unidad militar”, señaló el informante, en referencia a los riesgos derivados de acciones sin datos verificables, al tiempo que precisó que los grupos armados que se replegan hacia zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela, como el Eln, se mueven en entornos que requieren “inteligencia robusta” para cualquier operación futura.Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto:CortesíaTecnología e informaciónOtro punto central en el debate es la infraestructura de cooperación que Colombia ha utilizado durante décadas. Margarita Garbiras recordó que la inteligencia compartida ha sido una herramienta clave para desmantelar laboratorios, interceptar cargamentos, mapear rutas marítimas y anticipar movimientos de grupos armados. Añadió que el apoyo estadounidense no solo era financiero; también incluía tecnología satelital, entrenamiento especializado y acceso a información que el país no puede obtener con la misma rapidez de manera autónoma. Por ello, subrayó que una reducción en estos recursos abre espacios para que los carteles reacomoden rutas y experimenten con métodos nuevos en zonas del Pacífico y el Caribe.En otra perspectiva, el profesor Fabián Cárdenas, de la Universidad Javeriana, analizó las implicaciones diplomáticas del momento, señalando que el país “no se encuentra en condiciones de política exterior” para imponer exigencias en materia de inteligencia debido a la dependencia de la cooperación estadounidense. Explicó que, en un escenario ideal, el Gobierno pudo mantener la cooperación y, de forma paralela, enviar notas diplomáticas sobre el respeto a los derechos humanos durante operaciones militares. “Poner un tema de condicionamiento es un lujo de política exterior que no se puede dar”, afirmó, al advertir que la seguridad nacional podría verse afectada y que muchas alianzas claves dependen de esa cooperación. “Esta decisión terminará siendo un tiro en el pie, afectando una relación estratégica construida durante décadas”, dijo.Militares del Ejército en Arauca. Foto:Fuerzas MilitaresA nivel diplomático, Cynthia Arnson, profesora de la Universidad Johns Hopkins y de la Universidad de los Andes, señaló que la decisión del presidente Petro “aumenta una vez más las tensiones con los EE. UU. El Gobierno estadounidense ha indicado, muchas veces, que la relación con Colombia —sus instituciones, el sector privado, el pueblo colombiano— sigue muy fuerte y que su queja es con Petro. Pero no se sabe en qué momento la retórica y las acciones del presidente puedan producir una contradicción que socava la fuerte relación bilateral que los dos países han tenido por décadas”.A lo largo del debate aparece también la evaluación sobre la capacidad interna del país para afrontar esta transición. Wilfredo Robayo, abogado experto en derecho internacional, recordó que la inteligencia colombiana llega a este momento en una situación que describe “como crítica por un doble frente”. Primero, viene debilitada por escándalos anteriores relacionados con interceptaciones ilegales que afectaron su legitimidad y derivaron en depuraciones; segundo, la pérdida de acceso a capacidades estadounidenses —como vigilancia satelital, interceptación avanzada de comunicaciones, seguimiento transnacional y análisis financiero del lavado de activos— limita su alcance.Presidente Donald Trump. Foto:AFPRobayo señaló que el país mantiene una experiencia acumulada relevante y que podría diversificar alianzas hacia socios europeos o regionales, aunque ninguno ofrece la capacidad tecnológica de Estados Unidos. A su juicio, el reto principal es manejar el periodo de transición sin que las organizaciones criminales consoliden posiciones difíciles de revertir en el futuro.Las voces consultadas coinciden en que el país enfrenta un escenario de mayor presión operativa. Los recortes, las tensiones diplomáticas y las limitaciones tecnológicas configuran un panorama en el que la inteligencia debe fortalecerse con recursos propios y nuevas alianzas mientras se define el rumbo de la cooperación internacional en seguridad.Jesús Blanquicet y Juan Diego Torres – Justicia – @JusticiaET