Luis Carlos Barreto Gantiva es el más reciente beneficiado jurídicamente por su participación en el escándalo de la UNGRD. A cambio de aceptar dos delitos dentro del entramado corrupto que salpica a varios exfuncionarios del Gobierno, la Fiscalía General le otorgó un preacuerdo que un juez le avaló el viernes pasado.El exsubdirector de Conocimiento de la Unidad está preso, y por cuenta del visto bueno a su preacuerdo pagará cuatro años y nueve meses de cárcel, por los delitos de peculado por apropiación y soborno en actuación penal. Asimismo, por los negocios ilícitos que adelantó hace dos años devolvió 100 millones de pesos y se comprometió a entregar 50 millones de pesos más representados en un inmueble. “Estos dineros corresponden al dinero que recibió por planear, organizar y orientar hacia un contratista específico una orden de proveeduría del 11 de octubre de 2023, que tenía por objeto el suministro de 40 carrotanques que llevarían agua potable a La Guajira”, explicó la Fiscalía.Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de conocimiento de la UNGRD. Foto:CortesíaEste beneficio es el noveno que entrega el despacho de la fiscal María Cristina Patiño a seis de los implicados que han decidido prender el ventilador sobre la empresa criminal dirigida con la que se entregaron contratos de manera irregular para obtener beneficios personales. El hecho más notorio fue precisamente el de los 40 carrotanques para La Guajira que valieron 46.800 millones de pesos, negocio en el que hubo sobrecostos y coimas.Además del que recibió Barreto Gantiva, distintos juzgados han avalado preacuerdos para Olmedo López, exdirector de la UNGRD; su mano derecha, Sneyder Pinilla; el contratista Luis Eduardo López y el exasesor Pedro Rodríguez Melo.María Cristina Patiño, fiscal a cargo del caso UNGRD. Foto:Archivo ParticularA estos cinco beneficios se les deben sumar los cuatro principios de oportunidad que la Fiscalía les dio a López, Pinilla, al contratista y a la exasesora María Alejandra Benavides. Ellos serán los protagonistas en el resto de judicializaciones que tiene pendiente el ente acusador, pues se convirtieron en principales testigos para cada uno de los eventos que componen la empresa criminal que se montó en la UNGRD para saquear recursos públicos.El radar ahora está puesto sobre exasesores y exministros, particularmente con nombres como el de Andrea Ramírez, quien trabajó en el Ministerio de Hacienda y habría conocido de los proyectos que se habrían dirigido irregularmente a congresistas, a cambio de favorecer al Gobierno Nacional.María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda. Foto:Ministerio de HaciendaEse tipo de actuaciones también serían del conocimiento del exasesor del Dapre Jaime Ramírez Cobo, quien aparece en chats con Benavides hablando de la premura que habría en 2023 para que se aprobaran en la UNGRD tres proyectos por 92.000 millones de pesos, con los cuales se irían a favorecer sospechosamente congresistas de las comisiones económicas.Las judicializaciones de los dos exasesores serían claves para también llegar al exministro Ricardo Bonilla. La Fiscalía anunció este año que lo va a imputar porque conocería de la contratación irregular, y aunque en principio se dijo que lo llamaría a responder una vez terminara la negociación con su exasesora Benavides, hasta ahora no se ha fijado la fecha de audiencia contra el ex alto funcionario. Otro nombre que compuso el gabinete del presidente Petro y está bajo la lupa de las autoridades es el del exministro Luis Fernando Velasco, quien habría participado en las reuniones de alto nivel para a través de contratos manejar los hilos del Congreso.Luis Fernando Velasco, exministro. Foto:Milton Diaz / El TiempoCarlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com