Un mes después de haberse posesionado la fiscal general, Luz Adriana Camargo, su equipo convocó a una rueda de prensa para dar a conocer detalles de las indagaciones que se le seguían a la campaña Petro Presidente por una supuesta financiación ilegal. Fueron seis los casos que se mencionaron ese 18 de abril de 2024 e involucraban a altos funcionarios del Gobierno, como la vicepresidenta Francia Márquez, Ricardo Roa y Guillermo Alfonso Jaramillo.Van a completarse dos años y, desde entonces, en lo que atañe a los expedientes sobre supuestas irregularidades en la campaña Petro –que permanecen en distintos despachos– no se han conocido mayores avances en la investigación.Los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla serán imputados por el caso UNGRD. Foto:Archivo particularComo ese, hay un paquete de procesos de similar magnitud que concentra la administración de Camargo y de los que no se tienen detalles de sus movimientos ni en los despachos ni en los estrados judiciales. Uno de ellos tiene que ver con las supuestas alianzas entre sindicados contrabandistas como ‘Papá Pitufo’ y uniformados de la Polfa.Otros de los procesos que reposan en los despachos sin mayores avances tiene que ver con las supuestas chuzadas a magistrados y el tercer capítulo de ‘las Marionetas’, que podría involucrar a políticos conocidos. Recientemente se sumó el supuesto nexo que tendrían funcionarios del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con las disidencias de ‘Calarcá’. Camargo admitió que, pese a la gravedad de los señalamientos, no había sido enterada del caso que llegó a una fiscal de Medellín en julio del año pasado, cuando al disidente se le incautaron computadores y memorias USB.Sobre este último episodio, el exfiscal Guillermo Mendoza Diago le dijo a EL TIEMPO que “es muy complejo y requiere mucho trabajo investigativo. Nada encuentro cuestionable en la fiscal general; al contrario, ha procedido rápido y eficazmente tan pronto pudo enterarse de los hechos y de la aparente inactividad de la fiscal del caso que inició la actuación y de la Dijín”.Otra de las ‘papas calientes’ de la administración Camargo ha sido el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad ha judicializado a varias fichas del entramado, pero había un hueco sobre los altos exfuncionarios del Gobierno.Después de casi un año y medio de haberla anunciado, la semana pasada se radicó la audiencia de imputación en contra del exministro Ricardo Bonilla, medida que incluye a Luis Fernando Velasco, otrora jefe del Ministerio del Interior bajo el gobierno actual. El ‘acelerador’ en ese caso –que tiene todavía a personas salpicadas sin llamar a responder– también se dio en las supuestas irregularidades en la licitación de pasaportes que empañaron la labor de la Cancillería y generaron alarma frente a la expedición del documento.El ministro Eduardo Montealegre fue el autor de la Ley de Sometimiento que sigue estancada. Foto:ELTIEMPO.A nivel disciplinario, la entonces cabeza de la Cancillería, Álvaro Leyva, ya fue incluso sancionado en segunda instancia con una inhabilidad de 10 años para ocupar cargos públicos. En el ámbito penal, no se lo había llamado, pero la Fiscalía, el viernes pasado, anunció que lo imputará por el delito de prevaricato por acción.Falta de claridadLa ‘paz total’ es otro de los capítulos que siguen abiertos en la administración de la Fiscalía. Después de que el año pasado, en Antioquia, se dejara en libertad a un disidente capturado en flagrancia —una decisión que la fiscal general calificó como una interpretación jurídica del momento, basada en los diálogos de paz—, su despacho aún no ha decantado una postura frente al controvertido proyecto de ley con el que el Gobierno busca someter a las bandas criminales otorgándoles distintas gabelas.El proyecto llegó hace varios meses a su oficina y, aunque voceros de la entidad han participado en encuentros donde la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo han rechazado abiertamente el articulado, con la fiscal Camargo no ha ocurrido lo mismo.El abogado Rodrigo Parada, experto en derecho penal, le dijo a este diario que “frente a la ley de sometimiento, la Fiscalía tiene que sentar realmente una posición. Debería ser uno de los principales actores porque, finalmente, por ahí van a empezar todos los procedimientos. No sé si lo que está pasando es que la fiscal general no ha querido iniciar una pelea con el Gobierno; no porque crea que tenga algún interés en particular, sino porque siento que no ha querido entrar en una discusión como la que genera esta ley”.Funcionarios de la misma Fiscalía le comentaron a este medio que, internamente, en algunos aspectos no se ha visto claridad frente hacia dónde va la entidad. Se han reajustado equipos y se han ordenado traslados que han generado polémica en los pasillos de distintas seccionales y dependencias.“Estamos en una Fiscalía en la que los casos no se están moviendo porque cuando cada fiscal tiene 1.700 expedientes y no tiene el soporte ni la infraestructura para apoyarlos, es muy difícil ser céleres”, indicó el abogado Pedro Nel Escorcia. LEA TAMBIÉN Esa misma preocupación expresó el exdirector del CTI Julián Quintana. “Se evidencia un cortocircuito interno en la Fiscalía por la enorme congestión y la escasez de fiscales y policía judicial. Ese es un problema estructural del sistema, no de la jefatura. Sin embargo, también es cierto que algunos fiscales no están transmitiendo información con la rapidez necesaria hacia los niveles directivos, lo que dificulta la gerencia y metodología de los casos más sensibles. La fiscal ha sido muy respetuosa de la autonomía de sus delegados, pero ese mismo modelo permite que muchos procesos avancen a ritmos distintos”, subrayó el abogado.Una de las soluciones para ello fue el concurso de méritos para proveer 4.000 cargos de planta, el cual ya se realizó y está en una fase final para conocer sus resultados. Asimismo, se ha hablado de una convocatoria para reforzar a su equipo élite: el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).Juan Manuel Galán habla de su candidatura Foto:Carlos López – Redacción Justicia