En un documento de dos páginas, la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, le aclaró al Ministerio de Defensa los detalles del operativo de allanamiento realizado en la residencia de Armando Benedetti , diligencia que se convirtió en uno de los episodios más tensos de la semana entre el Ejecutivo y las cortes.El documento inicia contando: “En relación con las manifestaciones que se han publicitado en medios de comunicación, quiero aclararle al señor Ministro de la Defensa que personalmente dirigí el planeamiento y ejecución de la diligencia de allanamiento que, con fundamento en el artículo 293 de la Ley 600 de 2000, se ordenó en la investigación formal que adelanta mi Despacho en contra de Armando Alberto Benedetti Villaneda”.La carta que la magistrada Cristina Lombana envió al Ministerio de Defensa. Foto:Archivo ParticularDesde allí, la magistrada desarrolla una defensa de lo ocurrido. Señala que el personal que acompañó la diligencia actuó con “disciplina, resguardo de la información y sobre todo respeto por la ley”, lo que —según afirma— permitió que la actividad probatoria se desarrollara “con todo éxito”.El contenido de la carta también describe el despliegue policial que apoyó el procedimiento, un aspecto que había generado controversia por el número de uniformados y la fuerza utilizada. “Ante las posibles vicisitudes que habitualmente se presentan en el desarrollo de estas actividades, dispuse el acompañamiento de diferentes especialidades policiales, Dijín, Sijín, Goes, quienes no tuvieron conocimiento de la misión sino hasta su ejecución”, dice la magistrada.La carta que la magistrada Cristina Lombana envió al Ministerio de Defensa. Foto:Archivo ParticularAdemás, subraya que la presencia de personal masculino y femenino, incluidos policías de infancia y adolescencia, mantuvo en todo momento “la compostura y templanza que exige una diligencia judicial de esta índole”.La magistrada remata el documento con un agradecimiento formal a la institución castrense. “Quiero agradecerle el acompañamiento que la fuerza pública prestó a las diligencias judiciales que se adelantaron en el marco de las competencias que le asigna a esta Magistratura los artículos 114, 142 y 312 de la Ley 600 de 2000”, dice.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com