Al menos siete convenios del Invías y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) habrían sido direccionados de manera deliberada para amarrar el voto de algunos congresistas y asegurar el avance de las reformas sociales del Gobierno y de los proyectos de endeudamiento avalados por la Comisión de Crédito Público.Así lo señaló la Fiscalía en la audiencia de imputación contra los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, quienes serán procesados por concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, exministros a imputar por el caso UNGRD. Foto:Archivo particularEl ente acusador los ubica como las “cabezas” del entramado criminal con el que, a través de convenios financiados con dineros públicos, se aceitó el trámite legislativo de los proyectos iniciativa del Gobierno.Tres convenios que se feriaron entre los congresistas fueron suscritos por la UNGRD para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), por 89.619 millones de pesos. LEA TAMBIÉN Uno fue para recuperar el sistema de drenaje de aguas lluvias en Cotorra, por 44.522 millones. Otro, para el control de inundaciones en el río Bojaba, por 32.500 millones. Y los proyectos para la construcción de obras de mitigación de erosión en el corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar, por más de 12.000 millones.También se vinculó al entramado un proyecto para la ampliación de canales y mitigación de inundaciones en Sahagún, por más de 25.000 millones de pesos, con una interventoría del 7 % —por más de 1.700 millones— y gastos fiduciarios por más de 1.300 millones, para un total de 28.141 millones de pesos.Según la fiscal del caso, María Cristina Patiño, en estos convenios estaban indebidamente interesados los legisladores de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público: Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.El pacto criminal que quedó expuesto en la imputación mostraba que, a cambio de los proyectos, los congresistas debían asistir y participar en la deliberación sobre el endeudamiento de la Nación, lo que configura el delito de interés indebido en la celebración de contratos.Julio Elías Chagui, senador por el Partido de la U. Foto:Congreso Visible“En desarrollo del plan delictivo —en el que ustedes acordaron cohechar congresistas mediante la entrega de contratos de la UNGRD a cambio de que concurrieran y votaran los proyectos de ley del Gobierno—, el 4 de diciembre de 2023, usted, Luis Fernando Velasco, le ordenó a Olmedo López realizar las gestiones contractuales necesarias dentro de la UNGRD, por 35.000 millones de pesos, para los lugares que defendía el senador Julio Elías Chagüi Flórez, vocero de miembros de la Comisión Primera del Senado, con el fin de cumplir el acuerdo criminal al que habían llegado”, señaló la Fiscalía.El acuerdo con Chagüi, expuso la imputación, se habría concretado en un proyecto por 28.141.054.579 pesos en Sahagún, Córdoba.En cuanto al delito de concierto para delinquir, la Fiscalía señaló la repartija de contratos del Invías: uno en Lorica, otro en Los Córdobas y otro en Tierralta.“En Bogotá, por lo menos desde el 18 de septiembre de 2023 y hasta febrero de 2024, usted, Ricardo Bonilla González, entonces ministro de Hacienda, y usted, Luis Fernando Velasco Chávez, entonces ministro del Interior, determinaron a María Alejandra Benavides Soto para que gestionara dentro del Invías el direccionamiento de contratos en provecho de congresistas de la Comisión Primera del Senado representados por Julio Elías Chagüi Flórez”, dijo la fiscal Patiño.Los convenios en cuestión son el 1090-2021, con el municipio de Lorica y la entidad de tránsito, para el mejoramiento de corredores rurales, por 17.086 millones de pesos, con desembolsos en 2022 por 1.400 millones, 2.023 millones y 2.024 millones de pesos. En 2023, por 7.200 millones, y en 2024 por 8.499 millones.El segundo convenio interadministrativo fue el 1969-2021, con el municipio de Los Córdobas (Córdoba). Su valor total asciende a 9.000 millones de pesos, con prórrogas y adiciones en 2022 y 2023. Derivó en el contrato de obra LP007-2022, adicionado por 4.005 millones (para un total de 13.000 millones), cuyos giros en 2024 fueron:– Mayo: 2.758 millones de pesos– Junio: 845 millones de pesos– Septiembre: 1.900 millones de pesosEl tercero, también en Córdoba, se pactó con el municipio de Tierralta: el convenio interadministrativo 1961-2021, para mejorar las vías rurales, por 5.400 millones después de prórrogas y adiciones. Derivó en el contrato de obra 013-2022, adicionado por 2.000 millones, con giros en 2024:– Agosto: 1.022 millones de pesos– Septiembre: 1.305 millones de pesos LEA TAMBIÉN “El interés indebido se materializó ignorando los parámetros que les exigían anteponer el interés general, ajustarse a los principios de la función pública y cumplir sus manuales de funciones”, señaló la Fiscalía.Y agregó: “El 18 de septiembre de 2023, en La Giralda —dependencia del Ministerio del Interior—, se realizó una reunión entre Velasco, Bonilla y Benavides Soto, en la que Velasco habló del panorama electoral de octubre y de la necesidad de asegurar respaldo político mediante beneficios indebidos. Allí acordó con Bonilla que su asesora atendiera al senador Julio Elías Chagüi Flórez, interesado en agilizar proyectos en el Invías”.UNGRD: Imputación a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco Foto:Sara Valentina Quevedo Delgado y Carlos López Redacción Justicia