40 años después del holocausto de la toma y retoma del Palacio de Justicia, la Fiscalía acusó a 12 exmilitares por las torturas infligidas a una decena de civiles señalados como guerrilleros o colaboradores del M-19. Este proceso avanza en paralelo al de las desapariciones forzadas de Irma Franco, Carlos Augusto Rodríguez y otras nueve personas, caso por el que ya fueron condenados el general Arias Cabrales, el coronel Sánchez Rubiano y otros altos mandos militares.La Fiscalía halló responsables al general Iván Ramírez y a los oficiales y suboficiales Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Bernardo Alfonso Garzón Garzón, Rafael Hernández López, Justo Eliseo Peña Sánchez y Siervo Antonio Buitrago Téllez por las torturas infligidas a 11 personas durante la operación de retoma.Toma Palacio de Justicia Foto:Felipe Caicedo. Archivo EL TIEMPOEstas fueron retenidas, golpeadas, insultadas, trasladadas a guarniciones militares para ser interrogadas forzosamente y, finalmente, liberadas.En la acusación se hace un recuento de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre, cuando un pelotón de guerrilleros del M-19 tomó por la fuerza la principal sede judicial del país, alegando su intención de juzgar al presidente Belisario Betancur, pero con versiones que apuntan a una supuesta alianza con el narcotráfico para obstaculizar la aprobación de la extradición.Posteriormente, las “fuerzas regulares, incluyendo a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se desplazaron a la Plaza de Bolívar para hacer frente a la toma, bajo la dirección del comandante de la Brigada XIII. Se estableció un Puesto de Mando Avanzado en el Museo 20 de Julio o Casa del Florero, que quedó bajo el mando del comandante de la unidad de inteligencia (B-2) de la brigada, el teniente coronel Edilberto Sánchez Rubiano”, se lee en el documento. A este centro de operaciones fueron conducidas las personas rescatadas del interior del Palacio, quienes fueron registradas y clasificadas por miembros del B-2, la Dijín, la Policía Nacional, el F-2, el DAS, el Coici (Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia) y el Batallón Charry Solano del Ejército Nacional, todos bajo la coordinación de Sánchez Rubiano.Algunos sobrevivientes fueron tachados como sospechosos y conducidos a la Casa del Florero para someterlos a interrogatorios. “Eran instaladas en el segundo piso, sometidas a torturas físicas y psicológicas en ese lugar y fuera de él, pues también fueron trasladadas a instalaciones militares o de policía con el fin de obtener la confesión de su participación en los hechos”, agrega la Fiscalía. Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino, estudiantes de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, se encontraban en el Palacio atendiendo compromisos académicos y, en medio de los combates, fueron hallados por miembros de la fuerza pública y catalogados como “especiales”.Fueron llevados a la Casa del Florero, donde recibieron tratos humillantes en el segundo piso, los obligaron a adoptar posiciones indignas y los insultaron. “Les exigían que admitieran que eran guerrilleros. Luego fueron trasladados, encapuchados, a instalaciones de la Policía y del Ejército, donde los torturaron, hasta ser liberados en la madrugada del 7 de noviembre. No aparecieron registrados en las listas de rescatados elaboradas en la Casa del Florero”, agrega el documento.Corte Suprema de Justicia Foto:CortesíaLas mismas violaciones a los derechos humanos se perpetraron contra Ana Lucía Limas Montaña, auxiliar de servicios generales del Palacio de Justicia; Héctor Darío Correa Tamayo, citador IV de la Sala Constitucional de la Corte Suprema; José Vicente Rubiano Galvis, empleado de obras públicas; Aristóbulo Rozo, conductor de un magistrado de la Sala Laboral; Orlando Quijano, abogado litigante; Saúl Antonio Arce, trabajador independiente del sector inmobiliario; Orlando Arrechea Ocoro, secretario de la Sala Penal de la Corte Suprema; y Jaime Buitrago, conductor particular del hijo del exconsejero de Estado Jaime Valencia Arango.Los relatos dan cuenta de retenciones ilegales, interrogatorios tortuosos, desnudez forzada, violencia sexual, inanición e intimidaciones para que confesaran una supuesta relación con los guerrilleros que se tomaron la sede judicial.La acusación tiene su génesis el 12 de julio de 2007, cuando la fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ordenó compulsa de copias para investigar el presunto delito de torturas contra José Vicente Rubiano Galvis y Magalis María Arévalo, catalogados como sospechosos durante la retoma del Palacio. El 24 de julio de 2007, dentro del radicado 9755 —adelantado por desaparición forzada por estos mismos hechos—, la fiscal compulsó nuevas copias con base en las declaraciones de Yolanda Santodomingo, Eduardo Matson, Ana Lucía Limas y Héctor Darío Correa, para que se determinara la eventual responsabilidad de altos mandos militares por su tortura.Con base en estas órdenes judiciales, la Fiscalía adelantó el proceso correspondiente. “Lo que se reprocha es que la autonomía personal y la libertad individual de las víctimas fueron limitadas y vulneradas de manera dolosa por los procesados. Como miembros de la fuerza pública, su misión constitucional en medio de la toma guerrillera era defender la vida, rescatar a los rehenes y recuperar el Palacio de Justicia. Sin embargo, al considerarlos sospechosos o especiales, ejercieron sobre ellos acciones atentatorias contra su humanidad para someterlos y obtener la confesión de una supuesta participación en la toma o de pertenencia al grupo insurgente. Buscaban humillarlos, subyugarlos y vulnerar su libertad individual”, aseguraron. Por esta razón, fueron imputados por tortura en condición agravada.Toma del Palacio de Justicia. Foto:Archivo”Está probado en esta actuación que el Ejército Nacional, a través de sus distintas unidades, desplegó actividades lideradas por el comandante de la Brigada XIII y los jefes de sus unidades para recuperar el Palacio y liberar a los rehenes. Bajo este marco, hubo un grupo de personas que, por diversas razones y en distintos momentos, fueron catalogadas como “sospechosas” o “especiales” por soldados y agentes, lo que llevó a que recibieran un trato diferenciado: quedaron aisladas de los demás liberados en la Casa del Florero, algunas fueron sacadas incluso de un bus de transporte público en Zipaquirá, y fueron trasladadas a instalaciones militares o de policía donde fueron interrogadas con métodos inhumanos, es decir, torturadas. Esta instrucción busca determinar las responsabilidades derivadas de estos hechos”, agrega el documento.La Fiscalía contrastó los relatos con informes periciales y forenses que detallan los daños psicológicos y físicos sufridos, confirmando los vejámenes.Sobre Iván Ramírez, el único general acusado, la Fiscalía señaló que la evidencia muestra que era la cabeza del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) del Batallón Charry Solano; que su segundo al mando, Fernando Blanco Gómez, y su analista del grupo M-19, Gustavo Arévalo Moreno, fueron enviados a la Casa del Florero a realizar labores de inteligencia cumpliendo sus órdenes. El Batallón Charry Solano fue, según las declaraciones de Santodomingo y Matson en este y otros procesos, el lugar al que fueron llevados como último paso por sus torturadores para ejecutar actos ilegales.Por su parte, Sánchez Rubiano, Vásquez Rodríguez, Causayá Peña, Nieto Velandia y Jiménez Gómez eran miembros del B-2 de la Brigada XIII, organismo de inteligencia militar que participó en la recuperación del Palacio con la misión específica de recibir, clasificar e identificar a los rehenes liberados conducidos a la Casa del Florero. También debían identificar al “S”, enemigo subversivo, con el fin de obtener información que permitiera prevenir más acciones terroristas y desmantelar el grupo atacante. Las declaraciones recabadas dan cuenta de la actividad realizada bajo el mando de Sánchez Rubiano y con la presencia de Óscar William Vásquez Rodríguez, Luis Fernando Nieto Velandia, Ferney Ulmardin Causayá Peña y Antonio Rubay Jiménez Gómez.CNE encuentra responsable a la campaña Petro Presidente 2022 Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia