El rechazo de última hora del expresidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete, a asumir como nuevo ministro de Justicia -con el decreto ya listo para su posesión- volvió a poner a esta cartera en el centro de la inestabilidad del gabinete del presidente Gustavo Petro. En menos de tres años, este despacho suma tres relevos y se ha convertido en una de las posiciones más difíciles de llenar.El Gobierno comenzó con el jurista Néstor Osuna como ministro, pero su salida llegó en el tercer remezón del gabinete. A Osuna le siguió la renuncia de Ángela María Buitrago, quien dejó el cargo denunciando presiones indebidas del ministro del Interior, supuestamente interesado en tomar control de entidades clave como el Inpec y la Uspec.César Julio Valencia Copete. Foto:Archivo ParticularEl reemplazo fue Eduardo Montealegre, cuyo paso por el Ministerio resultó fugaz y polémico. Sus principales banderas, la convocatoria a una constituyente y una ley de sometimiento para organizaciones criminales, se diluyen sin mayor discusión. Tras su salida, el actual secretario jurídico de la Presidencia asumió como ministro encargado.Para Francisco Bernate, abogado y presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia, no es sorprendente que nadie quiera asumir el cargo a estas alturas del gobierno. “En un gobierno a nueve meses de salir no es muy atractivo el cargo porque en ese tiempo está sin trabajo e inhabilitado para una cantidad de cosas. Es por eso que no es un lugar atractivo”, explicó.Una visión similar tiene la Corporación Excelencia en la Justicia. Su director, Hernando Herrera, señaló que la situación evidencia “improvisación y un claro desprecio por la administración de los asuntos del sector justicia” dentro del Ejecutivo.Agregó que será difícil que una figura con trayectoria acepte el reto por varias razones: el poco tiempo que le queda al gobierno, la necesidad de independencia para el cargo —que considera poco probable en el contexto actual—, la crisis en las relaciones entre el Ejecutivo y las altas cortes, y el deterioro de la cooperación técnica internacional.“Recordemos que apenas hace ocho días el ministro del Interior estaba insultando a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia y el presidente estaba señalando que una diligencia judicial era un secuestro. Creo que eso presupone un reto mayúsculo si es que alguien puede recomponer esas relaciones”, dijo Herrera.Sede del Ministerio de Justicia. Foto:Cortesía.Por su lado, Wilson Ruiz, exministro de Justicia, indicó que “César Julio Valencia tomó una decisión sensata, nadie puede salvar un Ministerio que, sin respaldo real, se convierte en un escenario de crisis permanente.Además, asumir Justicia hoy exige más que experiencia técnica, requiere respaldo político firme y autonomía para tomar decisiones. Sin eso, cualquier ministro queda atrapado en un juego de culpas y presiones internas, mientras la justicia del país sigue deteriorándose. El problema no es de quienes ocupan el cargo, sino de un gobierno que no logra darle a la Justicia el lugar que merece”. Para el abogado Ramiro Bejarano, este ministerio se ha vuelto especialmente complejo por “la agenda del Gobierno: la fallida constituyente, la implementación de la paz con las FARC, el confuso proceso con el ELN, las tensas relaciones con las Cortes y la ley de jurisdicción agraria y rural, que sigue en veremos”. Añade que no cree que la salida de Montealegre esté relacionada con la decisión de Valencia. “Supongo que sopesó ventajas y desventajas y, al final, optó por no arriesgarse”, afirmó.La exministra Ángela María Buitrago coincide en que el Ministerio sigue atorado en los mismos desafíos de siempre. “Los retos siguen siendo los mismos”, afirmó. Entre ellos, mencionó que la política de drogas y la relación con Estados Unidos siguen marcando un punto crítico, y que el acceso a la justicia y la situación carcelaria continúan enfrentando graves problemas de gobernanza criminal.Mientras el Gobierno intenta definir quién tomará las riendas del despacho, la falta de rumbo en uno de los sectores más sensibles del Estado vuelve a poner el debate sobre la capacidad de gestión y las tensiones políticas en el tramo final del mandato.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com