Desde octubre pasado, según Medicina Legal, 15 niños y niñas víctimas de reclutamiento forzado han muerto en bombardeos contra campamentos de las disidencias, un hecho que la Defensoría ha catalogado como una violación de las Fuerzas Armadas al Derecho Internacional Humanitario y por el que le pidió al presidente Gustavo Petro suspender este tipo de operaciones. Vía X, el jefe de Estado respondió que mantendrá la estrategia, garantizando —según él— la integridad de los menores que los grupos armados utilizan como escudos humanos y carne de cañón.En diálogo con EL TIEMPO, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que es imposible bombardear puntos libres de menores, pues debe partirse de la presunción de que están presentes en todos los escuadrones de ‘Mordisco’. También señaló que debe ser la justicia ordinaria, y no la penal militar, la que esclarezca las responsabilidades de los funcionarios que ordenaron estos operativos. Y agregó que al Gobierno le ha faltado una respuesta integral —con presencia real del Estado en los territorios— frente al crecimiento desmesurado de los grupos armados, que según el último reporte de inteligencia ya superan los 25.000 hombres.¿Qué llamado le hace la Defensoría del Pueblo al Presidente frente a su negativa de suspender los bombardeos?Cuando se supo sobre la muerte de los siete niños muertos en Guaviare, más allá de las consideraciones del Derecho Internacional Humanitario, no creemos que esta doctrina pueda usarse para justificar que niños y niñas reclutados mueran en acciones militares.El presidente destacó los resultados que dieron las operaciones militares. Foto:X presidente Gustavo PetroEntendemos la realidad de que estos niños, niñas y adolescentes son reclutados por grupos armados y convertidos en combatientes; y una parte de la jurisprudencia internacional ha mencionado que, al ser combatientes, se convierten en objetivos legítimos. Eso es cierto. Pero también hay que entender que esos niños y niñas son víctimas y que su muerte en combate produce una doble victimización.Por eso, para una comprensión completa de los principios del DIH, se debe extremar el principio de humanidad, el de precaución y el de necesidad militar. Eso implica que las Fuerzas Armadas deben tomar todas las medidas posibles para prevenir que estos menores mueran en enfrentamientos o bombardeos. Las Fuerzas Armadas tendrían que dejar este tipo de acciones como último recurso, habiendo agotado todas las medidas necesarias para protegerlos.Eso es lo que está en duda en este momento: hasta qué punto se agotaron todas las medidas cuando era previsible —porque no era algo hipotético— que las disidencias, especialmente las de ‘Mordisco’, que según las cifras son las que más reclutan, tuvieran menores en sus filas… Entonces, la pregunta es cómo se están tomando estas decisiones para evitar que estos menores terminen doblemente victimizados.¿Cómo continuar con estas operaciones militares garantizando que no existan menores de edad en los campamentos? ¿Es posible que el Gobierno asegure esto y siga bombardeando?El Gobierno —o más bien las Fuerzas Armadas— deben partir del hecho de que en la mayoría, o, mejor, en todos los puntos donde hay combatientes de la línea de Mordisco, hay menores de edad. Más que verificar si los había, debe partir de la presunción de que los hay.Y esto no es una solicitud hipotética de la Defensoría del Pueblo. Si en tres bombardeos han muerto menores de edad, eso comprueba una tendencia que ya se veía venir y para la que había información: la línea de Mordisco es la que más recluta menores de edad.Entonces, más que verificar previamente si había niños, las Fuerzas Armadas deben desplegar otras medidas que permitan la protección de esos menores y afectar a los grupos armados con otros medios permitidos dentro de las hostilidades, porque los bombardeos no permiten hacer esa distinción.¿Pero cómo permitir el uso legítimo de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares, partiendo del hecho de que los grupos armados utilizan a los menores como escudos humanos?La primera responsabilidad es de los grupos armados, que deben liberar de inmediato y sin condiciones a los menores reclutados y suspender esa práctica. Pero no podemos ver este problema como un dilema donde la única opción es el bombardeo, y la otra permitir que sigan causando daño a la población usando menores. Eso simplifica el debate.El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas deben desarrollar otros mecanismos y otros medios permitidos dentro de la conducción de hostilidades que no afecten a los menores. Si se plantea como si fuera la única opción, parece una tragedia inevitable. Pero las Fuerzas Armadas deben utilizar otros medios: inteligencia, capturas… Eso le corresponde definirlo a ellas según su conocimiento del terreno. Los bombardeos no son el único medio de combate.Bombardeo en el Guaviare- foto Mindefensa Foto:Mindefensa¿Qué otros caminos podría tomar el Gobierno para enfrentar una expansión desmesurada de los grupos armados, que ya superan los 25.000 ilegales?Por ejemplo, las alertas tempranas contienen recomendaciones integrales. Si revisamos sus recomendaciones, generalmente solo una está dirigida al uso de la fuerza. La prevención integral en los territorios implica evitar el reclutamiento, fortalecer a las autoridades civiles, proteger a los líderes sociales y brindar protección colectiva a las comunidades.También incluye acciones de seguridad y defensa, inteligencia, judicialización, capturas. Algo que me preocupa es que los grupos armados están respondiendo con balas —acciones armadas— y el Estado Social de Derecho está respondiendo únicamente con acciones armadas, mientras que las otras acciones, las que dan cobertura real al Estado Social de Derecho, tienen una aplicación muy limitada, especialmente en zonas como Guaviare o Arauca.¿Qué opinión le merece que el Presidente haya sido uno de los principales detractores de los bombardeos en gobiernos pasados, cuando murieron menores, y que hoy ejerza lo mismo que criticó?No quisiera entrar en esa controversia porque es más política. Él hoy ocupa un lugar distinto: es el presidente de la República y debe tomar decisiones de índole militar. Sí se advierte un cambio de posición. Pero creo que el problema no es tanto su incoherencia con el pasado, aunque lo esté siendo, sino cuáles son los medios que está eligiendo hoy como Presidente para proteger a la población.¿Qué responsabilidad tienen los funcionarios que ordenaron los operativos militares que violaron el DIH? Me refiero a los comandantes de las FF. MM. y al ministro de Defensa, quien incluso podría enfrentar una moción de censura.La responsabilidad penal deberá definirla la justicia, que en nuestra opinión debe ser la justicia penal ordinaria, no la penal militar. Ellos deberán evaluar las consideraciones sobre necesidad militar: cuál era el daño inminente contra la población civil, cuál sería la ventaja militar obtenida y si se agotaron o no otras medidas de protección.Las responsabilidades políticas le conciernen al Congreso, que deberá determinar si procede una moción de censura.¿Qué radiografía tiene hoy la Defensoría sobre el reclutamiento forzado de menores? ¿Ha aumentado?Algo importante es que las cifras de la Defensoría obedecen a un subregistro. La mayoría de casos no llegan a nuestro conocimiento. Una prueba es que muchos de los menores muertos en combate o bombardeos no estaban en nuestras cifras, porque es difícil para las familias denunciar.El año pasado tuvimos 625 casos reportados en nuestro botón de reclutamiento. El 46% eran niños, niñas y adolescentes indígenas, y el 6% afrocolombianos. Es decir, 52% eran menores de pertenencia étnica.El grupo con mayor número de reportes son las disidencias de la línea Iván Mordisco, con el 41% de los casos. En segundo lugar, disidencias sin especificar. Pero tenemos reportes de todos los grupos.Un hecho para recordar: en enero, en Guaviare, hubo un combate entre las disidencias de Mordisco y de Calarcá. Allí murieron varios menores, muchas niñas de manera muy cruel. Otros menores quedaron en las filas de Calarcá. Cuando los requerimos para su entrega, respondieron que querían permanecer en las filas y alegaron que la prohibición del reclutamiento aplica solo para menores de 15 años, lo cual no es cierto.Este año tenemos 162 casos reportados. Parece menor que el año pasado, pero eso no significa que la práctica haya disminuido, sino que el reporte está en construcción. Del total de casos, el 38% son niñas y adolescentes mujeres. Antes, el reclutamiento estaba más enfocado en niños para funciones de combate, mientras que a las niñas las destinaban a otras tareas, muchas veces asociadas a violencia sexual. Hoy vemos niñas también en funciones de combate.Cauca es el departamento con más casos, tanto el año pasado como este (374 en 2024). Pero este año hay aumento en Antioquia y Chocó, y se mantienen cifras altas en Nariño y Norte de Santander.Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto:MAURICIO MORENOEl presidente habló de 12 menores muertos entre octubre y noviembre, Medicina Legal de 15 ¿Coinciden estas cifras con las de la Defensoría?Sí, coinciden. Nos parece importante que sea el propio Gobierno quien entregue la información, porque nosotros hemos tenido que verificarla con fuentes diversas. Las cifras coinciden con algunas denuncias hechas por las propias disidencias —lo cual es gravísimo—.La representante Katherine Miranda afirmó que en un bombardeo en Amazonas murió una niña de 11 años. ¿Ustedes tienen ese registro?En Puerto Santander, que es lo que acabamos de reportar, murieron cuatro menores. Una de ellas es una niña, pero no tenemos confirmada la edad.¿Qué barreras puede poner el Gobierno para frenar el reclutamiento, teniendo en cuenta que los grupos armados usan redes sociales para captar menores y también recurren a tácticas como raptarlos de sus comunidades, tal como lo ha advertido la ONU Derechos Humanos?Hemos formulado muchas recomendaciones. En departamentos con alto reclutamiento, como Cauca, hemos visto que los trayectos entre casas y escuelas son largos, y allí los menores son abordados. Hemos pedido transporte escolar seguro provisto por el Gobierno y las autoridades locales.También hemos pedido regulación de redes sociales, porque muchos reclutamientos se hacen allí, con ofertas falsas: dinero, motos, tenis, celulares. Ha habido resistencia de las plataformas, pero es fundamental avanzar en la regulación.Pedimos fortalecer los programas del ICBF para proteger a niños en riesgo inminente de reclutamiento. Y acompañamiento en escuelas: docentes y colegios son claves para advertir casos. Pero si hay deserción o dificultades para asistir, ese mecanismo falla.Son varias estrategias. No estamos en ceros, pero hay que redoblar esfuerzos en las zonas donde más reclutamiento hay.Sánchez aseguró que la intervención militar fue “necesaria” Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia