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Mientras Israel desataba su invasión de Gaza y los ataques sobre la población civil arreciaban, también lo hacían las muertes de palestinos en cárceles israelíes o bajo custodia de los militares de ese país. Al menos 98 palestinos han muerto en esa situación desde octubre de 2023, según un informe divulgado esta semana por la ONG israelí de derechos humanos Physicians for Human Rights (PHR, Médicos por los derechos humanos), que advierte de que esa cifra probablemente está infravalorada. La organización cree que “la cifra real” probablemente sea “sustancialmente mayor” porque cientos de palestinos detenidos en Gaza han sido víctimas de lo que PHR define como una política oficial “de desaparición forzada”. La negativa de Israel a ofrecer datos sobre el paradero de estas personas hace temer además a la organización que muchos de esos palestinos hayan muerto. El informe de 28 páginas Muerte de palestinos bajo custodia israelí: desapariciones forzadas, asesinatos sistemáticos y encubrimiento recoge que, desde octubre de 2023, un palestino ha fallecido bajo custodia israelí cada cuatro días en promedio. De las 94 personas cuyas muertes que documenta el texto, 68 procedían de Gaza, mientras que 26 eran de Cisjordania y el resto eran palestinos con ciudadanía israelí. El texto de presentación del informe menciona otros cuatro muertos (hasta completar los 98) que se registraron el pasado mes de octubre, cuando el documento ya había sido cerrado. Las prisiones militares israelíes fueron el escenario de al menos 52 de esas 94 muertes. Las 42 restantes se produjeron en cárceles del Servicio de Prisiones de Israel.Para la organización médica, que se ha basado en datos oficiales israelíes, datos de forenses y entrevistas con abogados, entre otras fuentes, esa cifra de muertes de palestinos no tiene precedentes. PHR ofrece un dato: en los diez años anteriores a octubre de 2023, tomados en conjunto, menos de 30 palestinos murieron bajo custodia israelí. Ese “fuerte aumento del número de palestinos que han muerto en centros de reclusión israelíes desde el 7 de octubre de 2023″, lleva a la ONG a concluir que “el asesinato de palestinos bajo custodia se ha convertido en un instrumento adicional del Estado para la opresión de los palestinos desde el inicio de la guerra”.Las “detenciones masivas ilegales, la tortura, la denegación de atención médica y deterioro deliberado de las condiciones de encarcelamiento”, asegura el informe, “dejan pocas dudas de que las muertes de muchos palestinos detenidos fueron el resultado de acciones sistemáticas por parte de soldados y guardias de prisiones, llevadas a cabo con el apoyo, o como mínimo con la aprobación tácita, de sus superiores”. ImpunidadEl informe detalla lo que Médicos por los Derechos Humanos define como patrones “sistemáticos” del trato que Israel dispensa a los palestinos bajo su custodia. El primero son las desapariciones forzadas, sobre todo de personas detenidas en Gaza; el segundo, las muertes por violencia física, pero también por falta de cuidados médicos e incluso por desnutrición; el tercero, el encubrimiento de los responsables, que asegura una total impunidad a los perpetradores. El informe incluye un anexo que detalla casos concretos con nombres y apellidos. Menciona, por ejemplo, el caso de Abdul Al-Rahman Al-Bahsh, de 23 años, originario de Nablus, en Cisjordania, detenido en mayo de 2022 y que falleció en la prisión de Megiddo, el 1 de enero de 2024. Este palestino fue sometido a una de las escasas autopsias a las que la ONG israelí pudo acceder. “En el informe preliminar, el médico señaló múltiples fracturas en las costillas derechas, daños en el bazo y contusiones superficiales en todo el cuerpo. El examen también reveló una neumonía necrotizante bilateral extensa”, detalla el texto, que recoge un testimonio de un compañero de celda que aseguró que este joven había sido sometido a una brutal paliza y que, después, se le denegó la asistencia médica, lo que condujo a su muerte. Otro caso que recoge PHR es el de Walid Khaled Abdullah Ahmad, de 17 años, de Silwad, en Cisjordania, encarcelado por Israel en régimen de detención administrativa; es decir, sin juicio ni cargos. Un médico que representaba a la familia y que asistió a la autopsia de este menor que, según su familia, estaba sano, señaló en un informe preliminar signos que sugerían desnutrición aguda. Su Índice de Masa Muscular (IMC) era de 15, según los registros del Servicio Israelí de Prisiones. El informe también encontró pruebas de colitis aguda y sarna. En la decena de autopsias a las que la organización israelí tuvo acceso, en varios casos, “los signos de agresión física eran evidentes y, en dos de los casos, se identificaron claramente hematomas compatibles con golpes y el uso de medios de inmovilización”. Entre lo reflejado en esos informes, “se encontraban múltiples fracturas de costillas, hemorragias en la piel y cerca de órganos internos, y laceraciones de órganos intraabdominales”. En otro caso, “se documentó una hemorragia intracraneal como consecuencia de un traumatismo craneal, aparentemente sufrido durante la detención. En varios casos, la violencia física, combinada con enfermedades graves preexistentes, contribuyó conjuntamente a la muerte. Se observó negligencia médica en seis de los diez casos examinados”. En todos ellos, “una intervención médica oportuna, una nutrición adecuada y el acceso a medicamentos esenciales podrían haber evitado la muerte”. Lo que PHR define como una “política de privación de derechos y tortura sistemática” ha provocado la muerte “de decenas de palestinos bajo custodia del IPS en los últimos dos años”, sentencia la ONG. El informe lamenta cómo, de muchos otros palestinos que murieron en centros de reclusión israelíes, se desconocen las circunstancias de su muerte.Los hallazgos de Médicos por los Derechos Humanos y el “encubrimiento sistemático” de las investigaciones sobre las causas de estas muertes por parte de las autoridades judiciales y policiales israelíes, “junto con la constante falta de enjuiciamiento de los responsables”, lleva a la ONG a concluir que “el asesinato de palestinos bajo custodia se ha convertido en una práctica normalizada, derivada directamente de la política oficial del Estado”. Por ello, la organización reclama una investigación internacional que dilucide en qué circunstancias murieron los palestinos cuyos casos recoge el informe y que los perpetradores rindan cuentas.

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