La muerte de siete menores de edad, confirmada el sábado tras un bombardeo contra una estructura de alias Iván Mordisco en Guaviare, generó una dura respuesta de la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Gregorio Eljach.El Ministerio Público emitió un comunicado en el que expresa su “más profunda condena frente al crimen atroz del reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de estructuras criminales”, y calificó esta práctica como una de las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El reclutamiento, un delito en aumentoEl órgano de control lamentó la pérdida de “vidas inocentes” y denunció que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes presenta un “incremento desmesurado” entre 2024 y lo corrido de 2025.Gregorio Eljach, procurador general. Foto:ProcuraduríaSegún las cifras de la Procuraduría, en 2024 se registraron 578 víctimas de este delito (351 niños y 227 niñas), de las cuales 277 eran indígenas. Señaló como presuntos reclutadores a las estructuras del ‘Estado Mayor Central’ de las disidencias y el Eln.Los departamentos más afectados por este flagelo son Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Nariño, Arauca y el propio Guaviare.Bombardeo Guaviare Foto:Redes sociales”Ninguna causa ni ideología puede justificar el uso de menores en la guerra”, sentenció la Procuraduría en su comunicado.En paralelo, el Bienestar Familiar (Icbf) informó que ha recuperado a 370 menores de edad de estas estructuras criminales entre 2024 y 2025, con edades que oscilan entre los 13 y 17 años.El llamado a las Fuerzas MilitaresAdemás de condenar el reclutamiento, la Procuraduría hizo un llamado directo a las Fuerzas Militares. Les recordó su deber de “observar y perfeccionar, de manera permanente, los protocolos y procedimientos operacionales”.Los detalles de la operación en Guaviare. Foto:CortesíaEl objetivo, según la entidad, es garantizar el pleno respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución durante el desarrollo de sus misiones.Aunque el Ministerio Público reconoció la “difícil labor” de las fuerzas armadas, advirtió que “cumplirá con su deber de investigar con serenidad, imparcialidad y rigor los hechos ocurridos” y si es necesario, imponer las sanciones disciplinarias correspondientes.Astrid Cáceres, directora de Bienestar Familiar, también lamentó los hechos y reiteró el mensaje central. “Con profundo dolor lamento cada muerte de un adolescente en la guerra que no les pertenece (…) lo primero es sacar los niños de filas armadas y del uso y la utilización”, escribió en su cuenta de X.*Artículo escrito con apoyo de IA y editado por un periodista.