En medio de las amenazas de un nuevo paro estudiantil, tras la decisión del Consejo de Estado que tumbó la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña regresaría a la cabeza de la institución pública más importante del país.Aunque desde el alto tribunal señalan que su reintegro es “del resorte de la Universidad”, lo cierto es que, hoy, el acto administrativo vigente es el que designó a Peña como rector de la Universidad Nacional, el pasado 21 de marzo de 2024. Decisión del Consejo de Estado sobre la Universidad Nacional Foto:ArchivoEl mismo que, según el último fallo, fue anulado de manera arbitraria por el Consejo Superior Universitario para poner en el cargo a Múnera.Por esta extralimitación de las facultades del órgano universitario, se declaró la nulidad de la elección del actual rector. La magistratura concluyó que solo los jueces podían determinar si la elección del rector se había ajustado a derecho y, de ser necesario, anularla. Por eso, todo el proceso que terminó con Múnera en la cabeza del claustro quedó viciado desde el origen.Para el alto tribunal, la elección de Peña —defenestrado por presuntas irregularidades y relevado por Múnera en un acto que la Sección Quinta acaba de tumbar— gozó de plena legalidad.”La constancia del 29 de abril de 2024, emitida por la Secretaría General del CSU, da cuenta de que, si bien tres de los miembros presentaron observaciones adicionales al acta de la sesión eleccionaria de manera extemporánea, el acta fue aprobada por cinco de los ocho consejeros el 22 de abril de 2024, conforme al artículo 21 del Acuerdo 019 de 2022, por lo que la designación constituye «un acto administrativo en firme»”, se lee en la sentencia. Por esta razón, en la práctica, se abriría el camino para el regreso de Peña, lo que representaría un golpe para el gobierno del presidente Gustavo Petro, que se embaucó en la disputa —del lado de la comunidad universitaria— para impedir su llegada y respaldar la designación de Múnera en la rectoría de la Unal.En diálogo con este diario, el exconsejero de Estado Carlos Zambrano explicó que el escenario inmediato depende de la valoración que el afectado y su apoderado hagan de la decisión. Leopoldo Múnera pierde su cargo tras la decisión del Consejo de Estado. Foto:César Melgarejo/ El TiempoUna ruta posible, dijo, “sería la presentación de un recurso extraordinario especial de revisión, en caso de identificar alguna causal que sustente esa vía”. También tendría cabida una tutela contra la providencia, siempre que existan fundamentos para cuestionarla “una vez analicen su integridad, ya sea que haya sido proferida en audiencia o mediante documento escrito”.En paralelo, el constitucionalista Gonzalo Ramírez Cleves señaló que el mecanismo procedente para impugnar la decisión sería una tutela contra providencias judiciales. Esta acción permitiría que el propio Consejo de Estado revise el fallo si se alega un defecto sustancial, fáctico o probatorio en la valoración de las pruebas o en la aplicación de la norma.Ramírez Cleves advirtió que, aunque la tutela podría eventualmente llegar a la Corte Constitucional si cumple con los criterios exigidos, “su trámite no es inmediato” y recordó que, salvo que se decreten medidas cautelares, “son procesos que toman tiempo y dependen de la verificación rigurosa de los supuestos que habilitan la intervención del juez constitucional”.Para Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, hay varios escenarios jurídicos frente a la decisión del Consejo de Estado. “Esta es una sentencia de única instancia, dictada por el órgano competente en materia jurisdiccional. Eso quiere decir que hace tránsito a cosa juzgada, que no tiene recursos ni es susceptible de apelación o impugnación. La única posibilidad de que sea revisada es una acción de tutela que podría interponer el rector saliente, pero aun así, teniendo en cuenta los argumentos de la Sección Quinta, es una decisión que goza de firmeza y está debidamente fundamentada”.En cuanto al rectorado, agregó Herrera, habrá que esperar para ver si Peña retoma la dirección de la Universidad. “Ese es el punto central, el que se desprende de que el acto de designación de Múnera quedó viciado. Es de suponer, en todo caso, que lo ideal es que se respeten las decisiones que la justicia adopte, en cualquier sentido y en lo que corresponda”.¿Qué significa la decisión del Consejo de Estado? Foto:Redacción Justicia